Este año, a nivel mundial el Día del Ambiente, el 5 de junio, tiene como propósito o lema: “Es hora de actuar #PorLaNaturaleza”. Por ello, en esta semana se realizarán varios eventos organizados por instituciones y personas para informar, sensibilizar e impulsar los cambios que necesitamos para alcanzar una Sociedad y Estado que no solo se lamenten por los estragos causados por las pésimas prácticas ambientales, sino que, sobre todo, actúen ejecutando las soluciones necesarias para cuidar la naturaleza y las personas. 

¿Es ahora cuándo, de manera impostergable, debemos actuar con creatividad y mayor energía, para solucionar la palpable enorme crisis? A estas alturas de “la meseta” de la curva de casos de contagios y muertes en nuestro país, parece que la pandemia del COVID-19 ha logrado quebrar parte importante de la indiferencia política que existía sobre las precariedades y vulnerabilidades sociales e institucionales. Causa dolor y muchas muertes aquí y en todo el mundo.

Pero esta mayor conexión con los problemas sociales y ambientales debe conducirnos a generar una visión común y mayor acción cooperativa para acelerar los cambios necesarios para transitar hacia modos sostenibles de producción y consumo, junto con un Estado de Derecho que integre la cuestión ambiental. No debemos limitarnos a una reconstrucción de las mismas condiciones anteriores a esta pandemia. Si lo que buscamos es, tal como lo precisó el Acuerdo Nacional, en su última sesión del 22 de mayo del 2020, que “No basta pedir que la ciudadanía tome conciencia de los riesgos del contagio, sino que es indispensable procurar que todos los peruanos tengan acceso al agua potable, a una alimentación saludable y a los implementos de protección personal indispensables para salvaguardar su salud, de modo que la vida de ningún compatriota esté en riesgo o se perjudique seriamente por la pérdida de capacidades por causas evitables”; resulta necesario revisar las prioridades nacionales, los enfoques y los recursos presupuestales asignados para abordarlas de manera efectiva.

Por ello, debemos reconocer que la pandemia COVID-19 “es parte de una crisis sistémica más amplia que, junto a la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad, resulta de la forma en que la especie humana ha interactuado con la naturaleza”. Es decir, no bastará con aplastar la curva de los contagios, lo que sin duda es un anhelo mundial, sino que también debe atacarse los factores que la causaron, los que están bien precisados en la Declaración por un futuro sostenible de América Latina: “La pandemia COVID-19 es de origen zoonótico, asociada a varios factores concurrentes señalados reiteradamente por la comunidad científica como causantes probables de enfermedades, muertes y catástrofes regionales y globales: la pérdida de hábitats naturales de ciertas especies de fauna que, ante la escasez de recursos, se aproximan a las áreas pobladas. El consumo de especies de fauna silvestre y su comercio. El calentamiento global que permite la migración de vectores de nuevas enfermedades. La baja calidad del entorno ambiental en la mayoría de los países del mundo.”

Es decir, no podemos volver a enfoques de política nacional en las que se omita o no se priorice adecuadamente las cuestiones antes señaladas. Deben incluirse las nuevas tendencias y las lecciones aprendidas en el conjunto de las políticas públicas y en las practicas sociales y empresariales. Y, de manera inmediata, en el nuevo Plan Nacional de Acción Ambiental 2021-2031, el que ya merece el inicio de un proceso de consulta pública antes de su aprobación. Pero también deben corregirse, por ejemplo, los indicadores sectoriales de brechas de infraestructura y de acceso a servicios publicados por los sectores Salud y Ambiente, publicados poco antes del inicio de la pandemia COVID-19. Sin adecuada información ni priorización no se podrá contar con los planes y proyectos de inversión que permitan contar con la infraestructura, equipamiento, servicios ni personal requeridos para liderar la solución de estos problemas. Esto implica también la urgente revisión y reforzamiento de los sistemas de gestión ambiental y climático en sus diferentes niveles: nacional, regional y local.

Siendo estos problemas de carácter global, suscribimos la urgencia de impulsar nuevas “Bases para un renacimiento sostenible desde América Latina” con la que “Precisamos encaminar al mundo a un nuevo ‘renacimiento’ en donde el planeta y sus límites sean el marco esencial de nuestras decisiones políticas y económicas para garantizar la vida y el bienestar de la humanidad y de la maravillosa diversidad de organismos que la hacen posible y duradera. Un nuevo “acuerdo por la naturaleza y las personas” que plantee los compromisos de los estados y otros actores hacia un nuevo marco efectivo para revertir los procesos de pérdida y deterioro de las condiciones naturales del planeta. América Latina tiene un papel, enormes potencialidades y una responsabilidad singular en la tarea de reconectarnos con la naturaleza y el sistema de la vida. Y desde nuestra singularidad queremos enfatizar la necesidad de revisar sustancialmente el orden actual y adoptar el contrato social necesario para sustentar la paz, dignidad, integridad y la vida de las personas con la promesa de un desarrollo sostenible y duradero. Ese nuevo orden social local, regional y global debe incluir los siguientes principios:

1. El conocimiento científico debe sustentar las decisiones.

2. La solidaridad debe guiar la respuesta ante las crisis globales.

3. Avanzar hacia una economía del bienestar no sólo del crecimiento.

4. Renovar los compromisos climáticos y de biodiversidad en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

5. Poner el desarrollo de la tecnología al servicio de las soluciones y encuadrada en los principios democráticos, el respeto a los derechos humanos y el derecho a la privacidad de la información.

6. Revisión del rol del Estado y de la gobernanza a todo nivel asegurando el fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas.

7. Desarrollar nuevos modelos de negocios que integren objetivos económicos, ambientales y sociales”.

Probablemente en cada una de nuestras localidades podremos destacar más alguno de los principios antes mencionados o agregar otros, pero no debemos distraernos de la visión y acción común acordadas para enfrentar la crisis sistémica, que causa daños y pérdidas al desarrollo personal y social, por causas que son evitables.

Una herramienta importante para impulsar este proceso es una decisión que actualmente está en manos del Congreso de la República: la ratificación del “Acuerdo de Escazú” sobre los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, que desarrolla el Principio X de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el cual señala que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Esto es ahora más necesario que nunca, dada la magnitud de la actual crisis sistémica. Y, además, porque el Acuerdo de Escazú contribuye a mejorar el Estado de Derecho Ambiental, al mejorar el derecho a acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente, y el derecho a acceder a la justicia ambiental, así como disposiciones específicas sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Que este Día Mundial del Ambiente ayude a reflexionar sobre la importancia de no regresar a condiciones de injusticia ambiental. No aceptemos malas curaciones a las enfermedades ni malas prácticas ambientales. Más bien, renovemos y ampliemos nuestros compromisos para actuar por #PorLaNaturaleza y #PorLasPersonas, desde donde estemos, a partir de nuestras posibilidades, pero con la ambición y energía que exige la solución de la crisis sistémica.