En esta campaña electoral, ¿usted ha tenido la oportunidad de escuchar alguna propuesta para mejorar el desempeño ambiental del país? ¿Alguna idea para evitar que la crisis climática afecte a nuestra población y territorios vulnerables? ¿Algún proyecto para mejorar la conservación y aprovechamiento sostenible de nuestra biodiversidad? ¿Algún ofrecimiento para mejorar el acceso a la información, participación o justicia ambientales?  

Si no ha escuchado nada parecido, podría verificar si hay algo al respecto en, por ejemplo, las agendas legislativas por partido político que ha sistematizado y publicado Transparencia. También puede examinar, en vivo o en diferido, los “Debates Electorales” organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, JNE en todas las regiones del país. O, también, en los debates y algunos resúmenes que han hecho varios medios de comunicación nacional y regional.

Hasta ahora, las propuestas electorales ambientales y climáticas son escasas o inexistentes. Ante esta situación: ¿Cómo es que los ciudadanos y las ciudadanas podemos pedir a los partidos políticos y candidatos al Congreso, que prioricen e integren las propuestas ambientales? ¿Y que no consideren a las necesidades ambientales como si fuesen marginales o postergables? Más aún si es que las respuestas a algunos de estos problemas dependerán, exclusivamente, de los congresistas electos el próximo 26 de enero.

Por ello, es que, ejerciendo un rol de ciudadanía ambiental, varias organizaciones ambientalistas, juveniles y organizaciones dedicadas a promover la ética y lucha contra la corrupción, decidimos priorizar un pedido a los candidatos al Congreso, dado los escasos meses de actividad parlamentaria: la ratificación del Acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe.

Creemos que los partidos y candidatos deben pronunciarse antes de las elecciones sobre este tema porque el Acuerdo de Escazú es un aporte concreto al Estado de Derecho y democracia ambientales.

Existe consenso sobre que este acuerdo contribuye a mejorar la democracia ambiental porque desarrolla tres derechos interdependientes: el derecho a acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente, y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños. Además, incluye disposiciones específicas sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El Acuerdo de Escazú desarrolla principios internacional y nacionalmente adoptados durante los últimos 28 años, desde la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en nuestra Ley General del Ambiente. En particular, el Principio 10, el cual destaca que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Es muy importante impulsar la aplicación de este principio, pues la solución a los problemas ambientales y climáticos exige de un ejercicio efectivo de los derechos y deberes ciudadanos, para asegurar la vigencia de la provisión de bienes y servicios de nuestros ecosistemas para el bienestar social.

Nuestro pedido es muy concreto: que los candidatos y candidatas firmen el compromiso con los electores de ratificar el “Acuerdo de Escazú” durante el periodo parlamentario 2020-2021.

La ratificación depende exclusivamente del próximo Congreso. El acuerdo regional fue adoptado en mazo del 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y ya ha sido firmado por 22 países de nuestra región. Es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y El Caribe que ha sido trabajado y acordado por y para los propios países de la región. El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de Resolución Legislativa, el 2 de agosto del 2019, junto con el expediente que contiene las opiniones técnicas favorables de la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, y los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura y Riego, Ambiente, Energía y Minas, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Salud, Transportes y Comunicaciones, Producción, así como la Presidencia del Consejo de Ministros.

Y, tal como señalan los compromisos que varios candidatos y candidatas al Congreso ya han empezado a firmar en Lima, Loreto y en varias regiones del país, el Acuerdo de Escazú permitirá mejorar las capacidades nacionales y regionales para atender las diversas prioridades ambientales y climáticas que afectan a las poblaciones más vulnerables de nuestro país.

Las organizaciones que hemos lanzado esta convocatoria son: Proética, SPDA, DAR, SPEIA, Libélula, Red Interquorum, Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático (JPCC), Red Anticorrupción Forestal (regiones Loreto, Ucayali y Madre de Dios), Friday for Future Perú (Viernes por el Futuro del Perú), Red Nacional de Actores Políticos del Jóvenes, Jóvenes Promotores en Derechos Humanos, Red Anticorrupción Loreto de Proética, Crear Perú, entre otras que se siguen sumando a nivel nacional.  

Participa. Pide a tus candidatos o candidatas al Congreso de la República que firmen su compromiso con #EscazúAhora, pues tienen la oportunidad de anunciar una acción parlamentaria ambiental y climática concreta.


Aquí puedes encontrar el compromiso.