Dentro de las esperanzadoras medidas anunciadas por el presidente Martín Vizcarra para avanzar en las reformas de justicia y políticas, debemos advertir que nuevamente no aparece explícitamente la cuestión ambiental en los cinco ejes de la “Política General de Gobierno a 2021”. Pero señaló que “todos debemos involucrarnos en la tarea de cuidar el medio ambiente”.
Aparece lo ambiental en algunas de las políticas sectoriales. Son positivas las referencias ambientales en, por ejemplo, la política energética, cuando anuncia que contaremos “con una matriz diversificada con énfasis en las fuentes renovables y eficiencia energética”, si bien hay proyectos en marcha faltó precisar las metas y plazos específicos de la nueva matriz energética. También son positivos los anuncios en la política de agua y saneamiento, pues debe atenderse el derecho fundamental de todos los peruanos, cubriendo la brecha de 3.4 millones de personas sin acceso a agua potable y 8.3 millones que no cuentan con alcantarillado porque, además, así se protege el ambiente. La meta actual es cubrir la brecha de servicios a la población urbana en el año 2021 y la brecha rural en el 2030.
De otro lado, es importante que el presidente Vizcarra haya destacado el “compromiso ambiental y socialmente responsable” de la industria minera y de hidrocarburos. Esto requiere, sin embargo, varias precisiones, más aún si tenemos en cuenta preocupantes contenidos en el recientemente aprobado proyecto de nueva ley de hidrocarburos. Y esto es más incierto en el sector minero, al observar que la propuesta concreta para avanzar en la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal será la “emisión del carné de identificación del minero en vías de formalización, inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera”. Es una meta formal sin vínculo con la adopción de mejores prácticas mineras, sin estas últimas la pequeña minería y minería artesanal no podrán integrarse a la economía legal, ni operar de manera segura y ambientalmente responsables. El Gobierno Regional de la Libertad ha empezado con estos “documentos de identidad” sin marco legal aprobado. Es contraproducente seguir con un enfoque de formalización que no se traduzca en cambios de prácticas que actualmente, en una magnitud importante en Madre de Dios, Puno, etc, destruyen recursos, contaminan y que, además, son fuente de corrupción política y de esclavitud de personas y niñas.
En el segmento ambiental el Mensaje a la Nación el presidente Martín Vizcarra destacó que debe atenderse el “riesgo permanente” en el que se encuentran nuestros ecosistemas, y que para ello anunció dos metas: el desarrollo de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, en base lo dispuesto en la Ley de cambio Climático. Y, en segundo lugar, la necesidad de “cambiar los patrones de producción y consumo de las bolsas plásticas para evitar su acumulación e impacto negativo sobre el ambiente”. Ambas cuestiones son muy importantes y requieren de acciones urgentes y ambiciosas. Sin embargo, debe anotarse que, en lo que se refiere al “cambio de patrones producción y consumo” no podemos limitarlo al apremiante problema de las bolsas plásticas, tal como se reconoce mundialmente desde el año 1992 con la Declaración de NNUU sobre Desarrollo Sostenible o, también, el papa Francisco en su reciente Encíclica Laudato Si. Por ello es que, por ejemplo, en el marco de la Alianza del Pacífico, cuya presidencia el Perú acaba de asumir, ya se tiene desde el 2016 con una instancia política sobre Crecimiento Verde relacionada con todos los sectores económicos (y no solo para la industria plásticas ni menos solo para las bolsas plásticas), para asegurar el desarrollo sostenible, fortalecer la institucionalidad ambiental, la implementación de políticas eficientes y eficaces y, además, el compromiso de impulsar procesos de diálogos con el sector privado.
Finalmente, creo que el Mensaje pudo hacer referencia al nivel de cumplimiento del “Plan de Acción para implementar las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú realizada por la OCDE y CEPAL”, aprobado por DS. 005-2017-MINAM. En este Plan todos los sectores, y con la aprobación del Consejo de Ministros, se comprometieron a varias e importantes acciones para mejorar su desempeño ambiental con plazos a un año, tres y cinco años. En junio del 2018 se venció el primer año y todavía no se conocen los resultados. Para avanzar con los “compromisos ambiental y socialmente responsables” de todos los sectores deberíamos, por lo menos, tener en cuenta esta agenda ambiental hacia un bicentenario más sostenible de nuestra independencia.
(Foto: Andina)
